En los últimos meses ha existido un incremento de los conflictos a escala mundial, vinculados a agotamientos de los sistemas políticos, al agobio de los liderazgos tradicionales y la persistencia de los problemas estructurales que fustigan especialmente a nuestra región, vinculados a la pobreza y desigualdades. En muchas naciones de América Latina el Estado ha dejado de ser el vértice del pacto social y comienza a estar signado por gobernabilidades débiles y por la irrupción de nacionalismos libertarios.

En varios países de la región, incluido lamentablemente el Ecuador, el monopolio legítimo de la fuerza se ha difuminado, forjándose una compleja relación entre violencia y control, con escasa efectividad.

En Ecuador, en los últimos años, se ha ido configurando un panorama complejo, signado por el debilitamiento institucional de lo público y por una exacerbada merma de la seguridad, cuyas expresiones más visibles son la violencia política, el incremento de los sicariatos, extorsión y secuestros en contra de toda la población, aumento de la delincuencia generalizada y masacres carcelarias: desde el 2021 se han producido 13 motines carcelarios con más de 400 muertos, a lo cual se suma un notorio incremento del crimen organizado, con más de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. En poco tiempo nos hemos transformado en uno de los países más violentos de la región.

Adicionalmente, varios establecimientos educativos en Durán, Guayaquil, Santo Domingo y hoy en Quito han debido suspender sus actividades por la posibilidad de tiroteos e inseguridad.

Ecuador ha sido históricamente un país pacífico y espectador de estos problemas. Hoy vivimos con frecuencia la presencia del crimen organizado, cuyo accionar se basa en el ejercicio brutal de la violencia, con el fin de causar terror, miedo y desestabilización; todo ello como una estrategia para maximizar el poder, someter a la sociedad y amedrentar cualquier intento de control. Los grupos de delincuencia organizada (GDO) han logrado penetrar la vida cotidiana y a distintas estructuras institucionales.

Por ello, ante la actual crisis de seguridad que atraviesa el país, la Universidad UTE exhorta al Gobierno Nacional a socializar sus planes de acción y pone a su disposición todo el capital académico que se requiera para ello.

Es imprescindible mejorar la seguridad interna, fortalecer y modernizar las instituciones, entre ellas la justicia y la Policía Nacional. La respuesta ante el clima de violencia debe ser más Estado y más desarrollo, restaurar lo público y las políticas públicas que propendan hacia el desarrollo sostenible del país y sus habitantes. Necesitamos actuar ahora.

Es urgente cerrar las puertas a la violencia y por ello también solicitamos mantener un trabajo coordinado entre el Estado y todas sus fuerzas de orden para velar por la vida y el progreso de la población ecuatoriana.

Como academia, reiteramos nuestra vocación de servicio y recordamos que siempre estamos atentos a las necesidades del país a través de análisis reales de los riesgos que nos desbordan con el fin de encontrar soluciones viables y efectivas.

Por otro lado, invitamos a la ciudadanía a informarse por las vías idóneas y no hacer eco de las falsas noticias que, sobre todo en temas de seguridad, son poco ilustradas y se inclinan más al sensacionalismo o la crónica roja.

Estamos convencidos que hoy más que nunca es el momento de estar unidos como país y que la paz vuelva a nuestros hogares para poder seguir trabajando con la esperanza de un mejor Ecuador.