DERECHOS HUMANOS EN LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN POR LA PANDEMIA

Fecha: 12 febrero, 2021 singlepost-ic

La Universidad UTE y la Defensoría del Pueblo presentaron este 11 de febrero de 2021 el “Informe Temático Covid-19 en Ecuador 2020”, cuyo objetivo fue: analizar la situación nacional de los derechos humanos durante la pandemia e identificar la respuesta estatal y su impacto en la protección de los derechos.

“Esta pandemia supone un desafío no solo para los sistemas sanitarios de todo el mundo, sino también para nuestro compromiso con la igualdad y con la dignidad humana”, indicó el rector de la Universidad UTE, Ricardo Hidalgo Ottolenghi, quien se refirió a la perspectiva desde la academia ante la Covid-19.

De acuerdo con el rector, hay alrededor de 126 mil publicaciones en el mundo sobre el virus, de los cuales 277 son trabajos de investigación por parte del Ecuador. Las universidades, dijo, no han estado “de espaldas ante la situación” y han criticado aquellos fallos que han detectado en las políticas de salud pública.

Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica UTE, explicó la situación del derecho a la salud que integra el informe. “Hace falta un entendimiento social de la salud y dejar de hablar solo de la enfermedad (…) dedicarnos a capacitar a las personas”, mencionó.

De igual manera, resaltó que se necesita una rectoría fuerte, que ha existido una reducción presupuestaria y no se contó con equipos técnicos multidisciplinarios como pide la Organización Mundial de la Salud, para que sea un apoyo a la autoridad. Frente a esto, señaló que no se conoce quiénes son los asesores de esta “catástrofe sanitaria”.

Para Rina Pazos, decana de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, las estructuras estatales y sociales no se encontraban preparadas para responder a las demandas sanitarias y económicas de la crisis. La región y el Ecuador ya venían enfrentando dificultades a causa de las profundas desigualdades, pero la pandemia profundizó más este escenario.

En el texto se identifican tres hechos globales derivados de la pandemia: la suspensión temporal desde el nivel inicial hasta el superior de las actividades educativas presenciales con el propósito de proteger la vida, la acelerada adopción de la virtualidad para impedir la interrupción educativa y la exacerbación de las desigualdades vinculadas a las brechas digitales.

Para Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo, el estado de excepción debe garantizar los derechos de las personas, no se puede admitir que se silencie a la población, se la confine, se la obligue a sufrir una serie de vulneraciones fruto de la violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El documento analiza derechos tales como: salud, vida e integridad, trabajo, educación y vida libre de violencia de género; nuestra coordinadora General de la UTE, Claudia Ballas Meneses y la directora del Observatorio de Género, Claudia Gray Verboonen, aportaron también con los capítulos del informe.

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