Es criterio general entre los críticos e historiadores de la educación superior latinoamericana, que en los últimos 100 años, ésta ha tenido tres reformas fundamentales las que, en forma muy sucinta, me permito indicar:
La primera, transforma la clásica Universidad colonial supremamente elitista (recordemos que a ella solo tenían acceso los españoles y los hijos de españoles) y en la que el Estado tenía el control total tanto en el aspecto académico como en el administrativo. El movimiento de Córdova (1918) constituye un referente para caracterizar esta reforma en la que el discurso se localiza en el tema del poder al interior de las instituciones, el cogobierno, la autonomía y la socialización del ingreso. La calidad de la educación nunca estuvo cuestionada y se podría decir que estuvo ligada a la evolución de la autonomía universitaria. Solamente, cuando el poder al interior de la Universidad es acaparado por movimientos de ciertas ideologías románticas e imperantes en esa época, que trataron de convertir a la Universidad pública en un agente activo del cambio social tan anhelado, sumado a la masificacion producto de la política del libre ingreso con todas sus consecuencias y al nuevo modelo económico que restringe el financiamiento de la educación  publica superior, es que la calidad de la educación superior empieza a ser cuestionada.

La segunda reforma, representada por la aparición de la Educación particular, surge como una alternativa para mejorar la calidad de la educación superior, conformando un modelo dual entre una universidad publica muy heterogénea y la fuerte y no controlada expansión de la Universidad privada, confrontación que se tradujo en una clara diferenciación de la calidad que ofrecían las diversas instituciones de educación superior.
La ausencia de una ley reguladora permitió el aparecimiento de muchas Universidades privadas en las que el afán de lucro prevalece sobre la calidad del servicio educativo que supuestamente iba a ser incrementada, produciéndose una nueva inequidad por la diferenciación de los niveles de calidad, del diverso bagaje cultural de los estudiantes y de las restricciones laborales para con los profesionales de ciertas Instituciones educativas.

Es en este contexto que en Latinoamérica surge la tercera reforma que se traduce en la necesidad de instaurar “sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación superior” que, para darles validez y obligatoriedad, los países  incorporan en su legislación como es el caso de  nuestro País, que en la Constitución de 1998 determina que: “para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior.”
La Ley de Educación Superior crea el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA, organismo que en última instancia tiene la función de certificar y dar fe publica del cumplimiento, por parte de todas las Instituciones de Educación Superior, de  estándares mínimos de calidad establecidos en concordancia con las disposiciones constitucionales y con la realidad educativa superior, acto que recibe el nombre de ACREDITACION.

Para lograr esta Acreditación, que puede ser institucional o por programas, se establece un proceso que contempla inicialmente la autoevaluación, etapa en la cual se determinan las fortalezas y debilidades del objeto a evaluar, se diseñan planes de mejoramiento y se elabora un informe de autoevaluación, el cual es validado por observadores externos nombrados por el CONEA, quienes verifican que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad y que sus actividades son congruentes con la misión y visión institucionales, de tal manera que, si es del caso, proceder a emitir la Acreditación oficial.

Es evidente que para lograr esta Acreditación se requiere la participación activa, responsable y entusiasta de todos los estamentos que conforman la Universidad Tecnológica Equinoccial, requisito sine qua non para que el desarrollo y fin de este proceso, nos  proporcione múltiples beneficios tales como:

  1. Creación de  una cultura de evaluación
  2. Incentivación de la participación y pertinencia interna de toda la comunidad universitaria.
  3. Elevación del nivel de competitividad mediante el mejoramiento continuo de la calidad de nuestros servicios.
  4. Rendición de cuentas, tanto a nivel interno como externo, sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos educativos y administrativos.
  5. Posibilidad de acceso a fondos adicionales nacionales e internacionales.
  6. La acreditación  como reconocimiento de que la Institución cumple con su misión, propósitos y objetivos, fortaleciendo la imagen y prestigio institucional.

Considero que el mayor beneficio a obtenerse es la oportunidad que tienen todos los integrantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial para ser parte de la solución, contribuyendo con su capacidad y experiencia a que la Institución, en su carrera hacia la excelencia, cumpla a cabalidad con el lema institucional: NOS EDUCARON – EDUQUEMOS.


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